Víctimas o culpables

La noticia a la que me estoy refiriendo en este artículo, fue publicada el sabado 8 de Octubre en el diarío El País. Se trata de Jordi y Alicia, una pareja del barrio de Badalona (Barcelona), cuya situación económica ha empeorado de tal manera a causa de la crisis, que sobreviven con 246 euros al mes.
Desde Junio un cúmulo de circunstancias se pusieron totalmente en su contra: perdieron la ayuda familiar que recibían, les subieron el alquiler y están a la espera de la renta mínima de inserción (RMI), que no les acaba de llegar todavía. El empeoramiento de la economía obligó al gobierno catalán de CiU a hacer una revisión de las concesiones de la RMI y reducir su número, de modo que a muchos beneficiarios a quienes le fue aprobada la ayuda aún no la han recibido, y quienes pidieron un aumento de la misma con el visto bueno de la generalitat, como es el caso de Jordi y Alicia, también están esperando a que se les conceda.
Alicia tiene 35 años y cobra los 246 euros de esta ayuda social desde hace 11 años. Solo ha conseguido trabajos puntuales y precarios, y desde que fue madre hace una década, se dedica a cuidar sus tres hijos estando a la espera de un cuarto. Por su parte Jordi, de 40 años, se dedicó casi la mitad de su vida a trabajar en la construcción hasta que en 2007 se quedó en el paro. Estuvo dos años cobrando la prestación por desempleo que ya se le ha agotado y además desde el mes de Junio ha dejado de recibir la ayuda de 426 euros que concede el Estado.
A partir de ese momento solicitaron a la Generalitat que les ampliara la RMI de Alicia para poder subsistir. La tienen aprobada pero todavía no les han pagado los 640 euros que ahora les corresponden, de manera que desde hace tres meses, toda la familia subsiste como puede con los 246 euros de la renta mínima.
Las deudas se les han disparado y ya deben tres meses de alquiler del piso, dos recibos del agua (han recibido la amenaza del corte del suministro), 200 euros de los libros del colegio, además de más de 300 euros a familiares. En los últimos meses, Jordi ha intensificado su búsqueda de trabajo y se ha sacado el carné de carretillero, pero no encuentra empleo. Confiesan sentirse impotentes por la situación y reclaman que se les pague la ayuda a la que tienen derecho. Entienden la reforma hecha por la Generalitat para controlar el fraude, pero en su opinión están pagando los que no tienen la culpa.

Aparentemente la mala suerte está acompañando a esta familia y ellos no pueden hacer otra cosa que esperar a encontrar una solución en forma de subsidio o ayuda familiar. Pero hay que mencionar que en la misma noticia, se menciona que el periodista a su llegada se encontró con la pareja subiendo a casa con el cafe y el tabaco que pagaron en cafetería de debajo de su casa gracias a los 10 euros que sus familiares les habían dejado. También hay que tener en cuenta que el hijo más pequeño y el que están esperando han llegado cuando ya se encontraban en esta situación crítica. No hay que olvidarse que los dos decidieron dejar de estudiar cuando sus respectivas familias no pasaban por ningún apuro económico, que Jordi ha rechazado trabajos muy bien remunerdos por la obligación de tener que desplazarse ...

Con todos estos datos hay dos planteamientos posibles: ¿son victimas del sistema y los culpables son los de siempre? o ¿su situación no es más que una consecuencia de las malas decisiones tomadas a lo largo de varios años?

Durante nuestra primera sesión en grupo hemos enumerado los aspectos mas positivos y negativos durante nuestra experiencia como universitarios, tanto a nivel de organización, docencia, recursos, situaciones personales, sensaciones... Después, y teniendo en cuenta todo lo anterior, se procedió a la propuesta de medidas con el fin de mejorar la situación de la enseñanza universitaria en todos sus ámbitos.

En primer lugar, la universidad pública debe ser gratuita, al ser el pilar más importante de toda sociedad junto con la sanidad. No se puede entender que el esfuerzo del alumnado responsable obtenga la misma recompensa que el que no lo es, ni que los programas de becas no tengan en cuenta las diferencias entre unas calificaciones y otras, es decir, el alumno que tiene un expediente de ocho y medio no puede obtener la misma cantidad monetaria que el de expediente de cinco, por el mero de hecho de exigir una media de matricula de honor para conseguir una beca superior a la ordinaria. Se trata en definitiva de premiar el esfuerzo.

Muy relacionado con lo anterior, está la necesidad de establecer un profesorado profesional que impartan programas actualizados y no trate al alumno como un numero más dentro del centro o facultad y al que no se le dan facilidades a la hora de lograr sus metas. El alumnado debe ser tratado de manera persona, cercana y se le ha de  facilitar las ayudas que sean oportunas, ya que en muchos casos ha de compaginar la vida laboral con la vida académica o sufre problemas de otra índole que afectan a su rendimiento.

Finalmente, ha habido un aspecto muy a tener en cuenta. Se trata del marco de la enseñanza universitaria en la sociedad actual. En este sentido, la educación superior ha de estar orientada a formar como personas responsables a los alumnos, además de buscar la inserción en el mundo laboral. Pero parece que hoy en día vamos dando pasos atras en estas dos metas. Las lógicas del mercado hacen que la universidad imparta una docencia que terminará beneficiando a las empresas cuando debería ocurrir todo lo contrario, es decir, que fuera la educación pública la que determinara el tipo de personas que queremos que salgan de las facultades y sus aptitudes. Por si fuera poco, la formación humana del alumno tampoco se está cuidando al haber menor presupuesto público en educación con el consecuente desborde de trabajo por parte de los profesores.

No me olvido tampoco de otros ámbitos a mejorar como la limpieza, la utilización de nuevas tecnologías, libertad ideológica... pero si queremos hablar de progreso y educación en los mismos términos, habrá que centrarse en los problemas mencionados unas líneas más arriba.